El proyecto de Ley de Salud Mental en Chile, desde la voz de las y los que sobran.

El proyecto de ley de Salud Mental en Chile se publicó el pasado martes 16 de marzo y está a la espera de ser aprobado. A partir de la lectura de dicho proyecto, surge la duda sobre el impacto de la ley para las personas que se atienden en el sistema de Salud Mental en Chile y también la desarmonía que este presenta con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Lo anterior, urge la necesidad de proteger antes que todo, los derechos humanos de las personas pertenecientes a la diversidad psicosocial; quienes, en esta columna son los/as miembros/as que nos convoca proteger, dada la histórica precarización e invisibilidad que nuestra sociedad les ha otorgado.


Sabemos que la existencia de una ley no asegura el éxito de su ejecución e incluso puede ser un “arma de doble filo”, debido al poder, protección y amparo legal de ciertas acciones cuestionables en relación al respeto y protección de los derechos humanos. Si no es un instrumento que converse directamente con la CDPD, es decir, una ley escrita con un enfoque de derechos; no vemos el beneficio de la aprobarla, sino más bien un posible obstaculizador y una barrera adicional para las personas con discapacidad psicosocial.


El artículo 5 de la CDPD habla sobre Igualdad y no discriminación. Sin embargo, podríamos decir que esta Ley no pone en práctica dicho principio, ya que utiliza palabras discriminatorias de forma reiterada a lo largo del proyecto haciendo referencia a las personas que presentan algún tipo de discapacidad psicosocial como “enfermedad”, “trastorno mental”, “condición mórbida”, “conductas perturbadoras”. Como dice Berger y Luckmann, el lenguaje genera realidades y el Estado de Chile no debe ser el perpetuador de históricas realidades estigmatizantes, psiquiatrizantes y sobre todo, patologizantes.


Segundo, la Ley no se construye bajo una perspectiva de género. Tal como menciona la CDPD en su artículo 6 sobre Mujeres con discapacidad, “Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación (…), adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Si bien la Ley menciona en uno de sus apartados la igualdad entre hombres y mujeres, no se hace cargo de la forma en que esa igualdad se llevaría a cabo ni tampoco de la población con discapacidad psicosocial perteneciente a LGTBIQ+. Estos son elementos relevantes en un contexto cultural como el chileno, donde diariamente se reproducen, persisten y se permiten prácticas de desigualdad y discriminación entre los distintos géneros.


Por otro lado, la CDPD también menciona las Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, declarando la importancia de que los Estados Partes asuman la responsabilidad de garantizar las medidas necesarias de seguridad y protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo. Teniendo evidencia que el encierro producto de la pandemia ha aumentado problemáticas de salud mental produciendo altos niveles de estrés, aumento de depresión, ansiedad, intentos de suicidio, entre otros; el Estado responsable de garantizar derechos no puede quedar indiferente a esta realidad.

Sabemos que el tratamiento de Salud Mental necesita abordarse de manera integral y multidisciplinaria para que tenga efecto positivo a nivel personal y social. Sin embargo, este proyecto de Ley lo que hace es sistematizar y avalar un modelo biomédico ya existente, donde el/la médico/a o psiquiatra continúa siendo los protagonistas del tratamiento. Lo anterior, es importante pues si bien se incluye la perspectiva y deseo del/la usuarios/a, la práctica y tratamientos se fundamentan bajo un enfoque medicalizante. Esto no quiere decir que no debieran existir medicamentos, pero no se asegura la autonomía en el consentimiento informado ni las alternativas reales a la medicación (sobre todo en infancia); por tanto, urge que se reemplace un modelo medicalizado por uno Integral y Comunitario, tal como plantea el Plan Nacional de Salud Mental 2000 y 2017. De esta forma, se destaca la importancia de ejecutar medidas efectivas de inserción de las personas por medio de trabajo, educación, entre otras dimensionesy que de esta manera no se reproduzcan prácticas de intervención asistencialista y con efectos de corto plazo basadas en la psiquiatrización y patologización





La Ley tampoco se hace cargo e incluso omite el uso de la Terapia Electroconvulsiva (TEC), también conocida como “terapia electroshock”, cuestión alarmante debido a la alta frecuencia de su uso en Chile y al ser también considerado como un tratamiento irreversible y altamente cuestionable desde una perspectiva de derechos. Con esto, pasa por alto el Informe A/HRC/22/53 donde el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha recomendado eliminar la TEC desde 2013 .


Preocupa también la sistematización de procedimientos que atentan contra la dignidad, autonomía, de capacidad jurídica, de libertad, entre otros derechos de las personas, en relación a procesos que diariamente aumentan en nuestro país como son las hospitalizaciones involuntarias, las contenciones farmacológicas, físicas o mecánicas. No podemos olvidar que el objetivo de "proteger la integridad" de la persona, debe sujetarse al Principio de respeto a la Autonomia (CDPD); por tanto, indigna la sistematización y naturalización de un proceso ya existente por medio de diferentes normativas y protocolos, pero que sabemos muchísimas veces atentan contra los derechos humanos de las personas y no beneficia el bienestar físico y psicológico de éstas, e incluso en algunos casos, puede acentuarlos.


En consecuencia nos surge preguntarles: ¿Dónde están las obligaciones generales de la CDPD en este proyecto de Ley?, es decir, ¿Dónde se abstienen de acto o prácticas que son incompatibles con esta convención? ¿Dónde y cómo se asegura que ninguna persona, organización o empresa discrimine por motivos de discapacidad? ¿Dónde se consulta el proceso de elaboración de este proyecto de Ley a personas con discapacidad, incluidos niñas, niños y adolecentes a través de organizaciones de la Sociedad Civil dirigidas por las propias personas de nuestra diversidad? En medio de un proceso Constituyente como el que vive Chile en este momento, esta última pregunta nos parece crucial para la generación de una Ley como ésta, donde la aprobación puede directamente beneficiar o perjudicar el bienestar y derechos de estas personas.


Esta columna tiene por objetivo expresar la opinión y perspectiva como sobreviviente y usuaria del sistema de salud Mental chileno, de manera de visibilizar y levantar las voces de las personas pertenecientes a alguna discapacidad psicosocial y la gravedad de que este tipo de decisiones se construyan entre cuatro paredes y no con la participación autónoma, activa y democrática de los/as usuarios/as del sistema, de manera de responder a las reales necesidades de éstos/as, de defender los derechos desde su perspectiva y no desde los intereses de unos/as pocos/as ajenos a nuestra realidad.



Paula Cornejo Abarca

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