Travesías hacia Territorio Loco

NADIE MERECE VIVIR EN UN MANICOMIO, NI MORIR EN UN "HOGAR PROTEGIDO".

Actualizado: ago 3

La mañana del viernes 30 de julio de 2021, nos encontrábamos participando en la mesa de apertura del Primer Encuentro Latinoamericano de Estudios Locos, gracias al formato digital que se ha hecho tan aceptado en medio de la pandemia por COVID-19. Al mismo tiempo, también por vía digital se felicitaba por su cumpleaños a uno de los integrantes de la Redesfera.


La impresión de tener una festiva mañana, se esfumó cuando recibimos el siguiente mensaje de texto: “Aquí de duelo por incendio en residencia protegida con adultos mayores con discapacidad mental en ciudad San Felipe: murieron quemados seis pacientes y once con asfixia y quemados”. La remitente era Marcela Benavides de CIMUNIDIS quién compartía así, una noticia que de tan dolorosa canceló cualquier distancia a Chile. Así es el formato digital, ¡permite tanto... y al mismo tiempo, permite tan poco! Concluida nuestra participación en el Encuentro y sus ánimos de diálogo y reflexión, tocaba ahora ir de alguna manera esos lugares del territorio que nos recuerdan cómo las autoridades planifican y ejecutan la situación de exclusión de nuestra comunidad Loca

Acerca de la imagen: El hospital psiquiátrico del que depende el "hogar protegido" que se mira, calcinado en dos de los segmentos. El dr. Ruiz responsable de ambos dispositivos.

Las características de la tragedia impone iniciar con preguntas obligadas:


Primero ¿Que es una residencia u "hogar protegido"? ¿Cuándo y porqué surgen los hogares protegidos? Segundo ¿Qué sucedió en San Felipe y por qué nos importa como organización regional?


Según "La Norma Técnica sobre Hogares Protegidos", el gobierno chileno les define como "una instancia residencial alternativa, para personas con discapacidad de causa psíquica que no tienen las habilidades para vivir en forma independiente y no cuentan con el apoyo de sus familias."(ver página 7) y dispone que en ese tipo de residencias o dispositivos el número de residentes no puede ser mayor de ocho (ver página 10), cantidad rebasada casi al doble, según veremos más adelante.


El Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel bajo su responsabilidad y por tanto, del Estado Chileno, ha instalado hogares protegidos desde hace años. Aunque el hospital señala que los usuarios de mediana estadía", son los ideales para lo que llama proceso de externación, igual ha "externado" a personas en situación de psiquiatrización crónica, y que, al tener hasta treinta años o más institucionalizadas, han envejecido en dicho manicomio (véase fotografía). Los residentes muertos o lesionados en San Felipe estaban bajo la responsabilidad del hospital Pinel también conocido como Hospital Psiquiátrico Putaendo de la región de Valparaíso.

¿Cuándo y porqué surgen los supuestos "hogares protegidos"?


Pongamos contexto: Al término de la Segunda Guerra, en el mundo occidental se instauró el “Estado de Bienestar” el cual consideraba la protección y promoción de la salud como una responsabilidad colectiva; a dicha forma de gestión se incorporan (sin mayor cuestionamiento a sus fundamentos), los grandes manicomios que habían surgido y proliferado en los dos siglos anteriores. Tal modelo de intervención estatal, también se implementó en Latinoamérica pero en forma tan diversa como lo es la propia región. La crisis del petróleo de 1973 provoca que la propuesta de política pública de dicho modelo enfrente una crisis tanto económica como ética; lo que facilita y consolida la transición al Neoliberalismo. Por esa época, surge el Debate Brenner que detonaría cuarenta años de investigación sobre la relación entre "crisis económica" y salud mental.


En ese contexto - tanto de crisis, como de debate salubrista y de transición-, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras entidades, convocan la "Conferencia de Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina" en Caracas, Venezuela, donde se proclama la Declaración de Caracas (1990) Todo esto, inicia en la región la implementación de los llamados servicios psiquiátricos en la comunidad y se fija la "desmanicomialización" de la región para 2020, meta que no se ha cumplido. Dicha propuesta se consideró como contrahegemónica al modelo asilar; sin embargo, terminó por producir dispositivos que se han denominado "manicomios chiquitos" donde, al igual que en los grandes asilos, los derechos humanos se transgreden tanto por acto como por omisión.


En Chile, la Dictadura Militar transcurrió a la par de la mencionada transición al Neoliberalismo. Bajo este modelo, se busca abaratar los costos de los internamientos y el "usuario de salud mental" queda reducido a consumidor de los psicofármacos adquiridos por el Estado; y por tanto, a consecuencia de esta sobremedicalización, ese "usuario" poco o nada "participa" activamente en la supuesta política comunitaria a que se refiere el Plan Nacional de Salud Mental y con el que se mantiene en ese país, la continuidad de las acciones de desmanicomialización emprendidas en razón de la mencionada Declaración de Caracas.


Con lo anterior, aportamos fechas, agendas regionales y planes fallidos. Pero volvamos a lo ininteligible ¿por qué alguien aceptaría los riesgos de estos hogares "protegidos"? Porque la Dignidad de nuestros pares ha quedado empeñada para siempre, sobre todo en los que han envejecidos en el sistema. La residencia es un dispositivo que ni es "hogar" ni es "protegido". Es parte de un mismo tipo de infortunadas "opciones": Quedar en situación de calle, terminar en un pabellón psiquiátrico en cárcel o continuar como crónicos en un manicomio. Ninguna de esas opciones excluye su dosis de abandono familiar.


Más que opciones, son recovecos de un mismo callejón sin salida; ese, que además se complementa con otra dura realidad: No hay un sólo gobierno en Latinoamérica con proyectos sobre vida independiente y vivienda, que incluya a las personas de la diversidad psicosocial sin ceder a la lógica manicomial del modelo biomédico (y que es la lógica en la que se apoya, todo el régimen de inimputabilidad operado en las cárceles de la región).


¿Qué sucedió en el hogar "protegido" de San Felipe?


La responsabilidad del Hospital Psiquiátrico Putaendo, es evidente a partir de la información disponible en internet sobre el incendio iniciado alrededor de las 22:00 horas del jueves (29 de julio):

¿Quién dejó a una única enfermera a cargo de catorce o quince personas mayores sin alarmas preventivas de incendio? ¿Contaba con entrenamiento para actuar en emergencias mortales? ¿Quién fue el responsable de habilitar como residencia, un inmueble sin salidas de emergencia? ¿Hubo omisiones en torno al sistema de calefacción por parte de la administración del "hogar protegido"? Ni hablar de instalaciones "corta-fuego" o de ropa para cama no inflamable. Las fotos y el vídeo de techo, puertas y ventanas no hablan, gritan algo que es igual de preocupante: ¿Los otros hogares operados por la misma administración del psiquiátrico de Putaendo, serán igual de "seguros"?


¿Por qué nos importa como organización regional?


Sin instrumentos vinculantes que garanticen la seguridad , es una falacia y una negligencia que se llame "hogares protegidos" a estos pequeños dispositivos manicomiales; por tanto, entre las cuestiones a consultar por vía transparencia, se encuentra confirmar la vigencia de la Norma Técnica sobre "hogares protegidos". Sería lo pertinente que hubiera sido sustituida para armonizarse con el modelo social de la discapacidad y cumplir con las obligaciones que derivan de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(CDPD) en vigor para toda Latinoamérica y parcialmente armonizada en la legislación chilena.


La versión disponible de la Norma Técnica, no establece ninguna regla para garantizar la accesibilidad de los dispositivos y mucho menos tiene normas para protección de la integridad física y mental de los residentes; luego no cumplíria con los artículos 9, 14 y 17 de la CDPD, lo que en definitiva facilitó la falta de protección al derecho a la vida de los residentes de San Felipe y el incumplimiento al artículo 10 del mencionado dicho instrumento.


También nos concierne que, desde las Observaciones finales sobre el informe inicial de Chile (2016) el Comité de Naciones Unidas ya había formulado recomendaciones al Estado Chileno por su incumplimiento a garantizar y proteger el derecho a una vida independiente (art. 19), en el sentido de proveer apoyos adecuados para tal fin. Sobre ese derecho en particular, el gobierno de Chile replicó al Comité que mediante su programa de desmanicomialización cumpliría con su obligaciones. Cuesta creer que no se haya cuestionado u objetado la pretensión de cumplir con el estándar de la CDPD a través de un programa eminentemente biomédico-psiquatrizador. Esto nos alerta como organización regional, pues aunque la OPS ha generado una guía con el interés de actualizar las acciones de desmanicomialización surgidas de la Declaración de Caracas, aún estamos analizando si contiene una perspectiva compatible con el modelo social y con la toma de conciencia a que se refiere el art. 8 de la CDPD. Lo que parece difícil en conjunto, si consideramos que dicha guía admite que se sustenta en publicaciones que "consideran que las características de las personas institucionalizadas son barreras" a los procesos sobre los que versa la misma guía (ver p. 11-13). Ahí, no se matiza ni se considera que las barreras las enfrenta la persona y se sitúan en la sociedad (y sus procesos). Por otra parte, resulta que la OPS ni en sus Diez Estrategias previas ni en la guía actual, ha recomendado algo tan básico como monitorear que las omisiones y negligencias de seguridad,no maten a las personas a las que prometieron que vivirían"en comunidad". Soñar con la Libertad no debe costarte la vida en tales dispositivos. Por ello, urgimos a la OPS a no dejar los detalles de seguridad en el limbo, y considerar obligatorio en sus planes, elementos que surgen a partir del incidente mortal en San Felipe y que el director del psiquiátrico no demuestra cumplir:

  • Contar con un Plan de evacuación y/o emergencia que cuente con una comisión de seguridad que involucre tanto a la comunidad, como a sus autoridades,

  • Transparentar el Plan de mantenimiento del inmueble, que incluya dotación de detectores de humo, revisión a extintores, reacondicionamiento para salidas de emergencia y evitar acumulación de basura o de elementos inflamables,

  • Elegir inmuebles que soporten una constante Evaluación tanto en sus condiciones físicas, como de acceso al espacio público y al transporte accesible de la comunidad,

  • Asegurar la participación efectiva de las personas residentes en los planes de emergencia,

  • Identificar en el plan de emergencia los retos físicos y cognitivos que la institucionalización ha acrecentado en los procesos de envejecimiento de cada residente,

  • Actualizar hacer cumplir las normas técnicas en materia de seguridad, accesibilidad y prevención de otros riesgos psicosociales o de catástrofes tales como sismos o eventos climáticos,

  • Formalizar las obligaciones y responsabilidades de los "comités de externación", independientemente de la denominación o jerarquía que se les asigne,

  • Transparentar ante las autoridades locales o comunitarias, que se cumple con toda certificación de seguridad,

  • Cumplir con los límites del aforo de vivienda y no imponer cargas desproporcionadas en materia de seguridad a los empleados.

  • Verificar la pertinencia de tener en el mismo hospital tanto los servicios de salud general con los servicios forenses, pues los segundos son un foco de estigmatización,

  • Prevenir los abusos sexuales y otras violencias (quejas recurrentes en el sistema)

  • Rendir cuentas efectivas de las prioridades: No es posible que el psiquiátrico de Putaendo ponga más interés en convertirse en atractivo "Hospital-Museo", que en invertir en la seguridad de los residentes. Se gastaron aprox. 300 millones de pesos en dependencias nuevas para el hospital- incluidas comodidades para sus empleados-, mientras nuestros pares murieron quemados bajo un miserable techo de lámina.

Las anteriores recomendaciones son indispensables, si consideramos la inconsistencia normativa en que se encuentran tales dispositivos, empezando por recordar Chile hace un par de meses se promulgó una Ley de Salud Mental que además de ser incompatible con la CDPD, ni siquiera menciona a los "hogares protegidos". Al parecer la comisión nacional de personas afectadas por los encierros psiquiátricos seguirá operando con base en un reglamento sobre internaciones (DTO-570_14-JUL-2000), sin más adecuación a la mencionada ley o al artículo 4.3 de la CDPD. Similar imprevisión se advierte del Reglamento de servicios del hospital Psiquiátrico Philippe Pinel donde no se establecen ni facultades ni obligaciones del "Comité de Externación" en el que supuestamente el hospital se apoya desde 2016 para remitir personas a las residencias, mismas que estarían operando con la norma técnica de 2003 cuyas carencias ya mencionamos en lo general líneas arriba y que en conclusión ni son seguras, ni son accesibles y por tanto, desconocemos de qué se protege a sus residentes.


Habrá que confirmar con el director del hospital psiquiátrico, dr. Óscar Cruz ¿Con cuáles normas cumplía la residencia quemada? ¿Dónde pueden consultarse? y si no pueden consultarse ¿Cómo podría verificarse que están siendo cumplidas?

Si así de amplias son las inconsistencias normativas que generan las leyes promovidas con fines salubristas ¿Que nos dice de la región el que Chile, en sus informes ante el Comité CDPD de la ONU asegura haber desmanicomializado al 75% de su población internada? ¿Están en manicomios pequeñitos? ¿Cuántos han muerto bajo ese tipo de "protección" del sistema de salud mental?

No dejamos de advertir que, si el SENADIS no parece darse ni por enterado de estas muertes y lesiones, difícilmente tendrá interés en erradicar la trans-manicomialización (transferencias entre hospitales a residencias con idéntica lógica manicomial). Con ello, vulnera, los derechos humanos de las personas con discapacidad en general y los derechos de las personas de la diversidad psicosocial en particular.


Por todo lo expuesto, nos preocupa que la resolución del Comité de la CDPD sobre "Vida Independiente", no incorpore los retos de la Desinstitucionalización en Latinoamérica (ver sus consultas regionales); y desatienda que la realidad de la región (pandillas, narcotráfico, débiles instituciones, simulación de la participación y suplantación de la capacidad jurídica) impacta negativamente en los pretendidos "servicios de salud mental en la comunidad". También advertimos que no habrá garantía al derecho a una vida independiente, si en lugar de Apoyos bajo el principio de autonomía, se promueven sistemas de cuidados bajo la lógica de la dependencia. En conclusión, la problemática de la desinstitucionalización no acaba en la adecuada la gestión de la calefacción en una casita de la sierra chilena. Atraviesa la legislación y las normas administrativas de todo Chile; para luego escalar hacia la agenda de la OPS y el seguimiento que se hace de la CDPD ante el respectivo Comité de la ONU.

Toda la situación de la nuestros pares en San Felipe, nos genera una mezcla de sentimientos, que incluye Gratitud: Si hay sobrevivientes al incendio, es gracias a los vecinos del inmueble. De haber “Bienaventurados”, se contarán entre ellos a estos rescatistas. Sin ese auxilio, nuestros pares en medio de llamas y humo, desorientados, intoxicados y aterrados, nunca hubieran logrado salir solos; ya fuera por estar sobremedicalizados con psicofármacos o por tener la movilidad limitada a causa de ese envejecimiento tan particular, que se cobra en el cuerpo y el alma, los años de sufrir el cuerdismo de la sociedad.


También nos percibimos en Inquietud, pues no hay más información sobre nuestros pares lesionados o sobre los residentes de otros "hogares" en riesgo de las mismas omisiones. Nos embarga la Desesperanza al constatar lo limitado de sus redes de apoyo, olvidados por sus "familias". Sentimos Indignación al recordar que institucionalización por sí misma es violencia de Estado y es, con el insensible deslinde de los funcionarios de salud, que nuestra indignación se conecta antes que con la rabia, con el Duelo que sabrá exigir Justicia.


Pares nuestros. Hermanes, hermanas nuestras. Locas y Loques sin nombre - como tantos otros-. Llorados por nosotros. Por su comunidad Loca, por su familia Loca... tal vez la única a la que siempre pertenecieron, comprometida hoy a recuperar su memoria, en buscar Verdad y Justicia.

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