
RedEsfera
7 may 2026
Reforma a la Ley de Salud Mental en Argentina: menos derechos, más encierro
El nuevo proyecto de ley presentado por el gobierno de Javier Milei ante el congreso argentino busca modificar artículos fundamentales de la Ley Nacional de Salud Mental Argentina.
Si bien se presenta como una respuesta a las dificultades de las familias para acceder a tratamientos, los cambios propuestos representan un retroceso en materia de derechos humanos y en la calidad de la atención en salud, flexibilizando los criterios para privar de la libertad a las personas bajo el rótulo de "recurso terapéutico".
De aprobarse, estos cambios reducirán la autonomía, la libertad y vida independiente de cualquier persona que interactúe con el sistema de salud mental, incluyendo aquellas con padecimiento mental, discapacidad psicosocial y neurodivergentes. El proyecto se fundamenta en una supuesta "humanización" y "practicidad", pero en la práctica propone un retorno al paradigma médico-tutelar.
Nos preocupan particularmente los siguientes cambios:
Facilitación de la internación involuntaria: Flexibiliza los criterios de "riesgo cierto e inminente", ya problemáticos en sí, reemplazándolos por un estándar más amplio y permitiendo considerar antecedentes y posibles evoluciones, lo que amplía los criterios bajo los cuales puede justificarse la internación como “recurso terapéutico”.
Jerarquización del saber médico: Refuerza la primacía del psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario y en la toma de decisiones sobre los tratamientos, reduciendo el equilibrio entre distintas miradas.
Fortalecimiento de los Hospitales Monovalentes: Detiene el cierre de los hospitales psiquiátricos, manicomios, loqueros y permite la creación de nuevos centros de internación, incluso privados, reabriendo la puerta a modelos centrados en el encierro.
Problemas de la Ley de Salud Mental vigente (26.657)
Para criticar la reforma, es necesario reconocer los límites y problemas de la ley actual::
Falta de implementación: Los planes de salud mental de los gobiernos argentinos anteriores no lograron la transformación que la ley exige al sistema de salud mental ni se implementó el 10% del presupuesto de salud destinado a salud mental como exige la ley.
Inexistencia de dispositivos intermedios: La ley prohíbe el manicomio, pero estos nunca se cerraron. Tampoco se crearon suficientes casas de medio camino, centros de día o sistemas de apoyo domiciliario, dejando a las familias en soledad frente a las crisis. La nueva propuesta incluso elimina toda referencia a estos dispositivos.
Burocracia que no protege: Los procesos judiciales diseñados para proteger los derechos de las personas usuarias no han logrado reducir internaciones ni situaciones de abuso, generando desconfianza y siendo percibidos como un obstáculo en contextos de urgencia.
El lenguaje de derechos no alcanza: La ley actual promueve un enfoque de salud mental comunitaria, pero no transforma completamente el modelo médico y sigue permitiendo prácticas que pueden derivar en vulneraciones de derechos humanos, en contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Argentina.
Denunciamos el avance del Proyecto de Ley de reforma de la ley de salud mental
Esta reforma no busca resolver los problemas del sistema o "ayudar" a quienes sufren; busca ocultar el malestar bajo el régimen del encierro y el castigo químico. Bajo el rótulo de “recurso terapéutico” y con criterios más amplios de riesgo, el Estado pretende despojarnos de nuestra autonomía para decidir sobre nuestros propios cuerpos y procesos de vida.
¡No somos objetos de tutela, somos sujetos de derecho!